El ministro de Justicia, Jaime Campos, explicó hoy los alcances del proyecto de ley que el gobierno presentó al Senado, el cual busca regular el acceso a beneficios penitenciarios.
La iniciativa del Ejecutivo propone eliminar la facultad presidencial del indulto particular para personas condenadas por crímenes o delitos de lesa humanidad y que quienes quieran acceder al beneficio de cumplir la pena en su domicilio, ante una supuesta enfermedad terminal, deberán acreditar su estado de salud en el Servicio Médico Legal (SML) y no ante un médico particular, como ocurre hoy en día.
En el caso de personas condenadas por delitos de lesa humanidad, el proyecto establece más exigencias para la obtención de dichos beneficio, por lo que, además de exámenes en el SML, se les solicitará aportar antecedentes efectivos respecto de causas criminales por derechos humanos.
Sumado a ello, el proyecto consigna que deberán demostrar “arrepentimiento por los hechos cometidos”, siendo los tribunales de justicia los que decidan el destino del reo que solicita el beneficio.