Durante 2017, un poco más de 47 vehículos diarios fue robado con algún grado de intimidación en todo el país, según datos que la Subsecretaría de Prevención del Delito entregó a La Cuarta.
Esta cifra significa un aumento del 4% respecto de 2016 en este tipo de delito que, aunque no está tipificado en el Código Penal, se conoce como portonazo.
Este tipo de crimen que ha afectado de reyes a pajes, se concentra en las regiones más populosas, es decir, la del Bío Bío y la Metropolitana. En esta última, se han registrado 307 portonazos en lo que va de 2018, reveló el Gobierno
Por ello, este delito se transformó en uno de los temas de la pasada cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera, quien prometió enviar un proyecto de ley que endurezca las penas tanto para quien cometa directamente el ilícito como para quienes compren especies robadas.
Acompañado de parlamentarios y alcaldes, el mandatario firmó ayer el documento que modifica las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados, o de los bienes al interior de éstos, también llamada “ley antiportonazos”.
“Sabemos que llegó el tiempo de poner orden en nuestra casa, ya son demasiadas las muertes, la violencia desatada, las familias y ciudadanos aterrorizados, los policías agredidos o asesinados”, manifestó el Presidente.
Agregó que “hoy damos un paso más, que no es el primero ni va a ser el último para darle mayor eficacia y contundencia a la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, firmando el proyecto de ley antiportonazos”.
En esta línea de tolerancia cero, la nueva normativa asigna una pena significativamente mayor y que alcanza al grado de presidio mayor en su grado mínimo. Esto es cinco años y un día hasta 10 años, más una multa de 10 a 20 UTM (entre $500 mil y un millón) a quienes hacen la receptación de los vehículos en caso de que estos hubieran sido apropiados mediante el uso de la violencia.
El Mandatario aclaró que “el aumento de la penalidad propuesto hace que este delito alcance el estatus de crimen, lo que deja al condenado fuera del beneficio de penas sustitutivas y se equipara al tramo inferior del delito de robo con violencia o intimidación”.
Junto a esto, se creará un registro público de vehículos motorizados robados. Éste se podrá ver en la página web de Carabineros y una plataforma virtual del Ministerio del Interior.
“Nadie tendrá la excusa de decir que no sabía que el auto que compró había sido robado: cualquier persona que tenga dudas sobre el origen del vehículo que está adquiriendo podrá acceder a un registro público de vehículos que estará en línea, disponible para toda la ciudadanía, las 24 horas del día, desde cualquier celular o computador con acceso a internet”, señala la propuesta.
AUMENTO
Los temas de delincuencia no se resuelven con mayores penas y las que propone este proyecto resultan desproporcionadas respecto del delito, manifestó el abogado Fernando Leal.
“Hay que tener en cuenta que la persona que comete el crimen tiene el mismo castigo que quien compra”, puntualizó.
¿QUÉ PROPONE EL PROYECTO?
1.- Creación de un registro de vehículos motorizados robados, el cual será de libre acceso para quienes desean comprobar los antecedentes de un auto antes de comprar.
2.- Se aumentarán las penas al receptador de un vehículo robado. El Gobierno propone presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día hasta 10 años) y una multa que va desde las 10 a las 20 UTM.
3.- Sanciona como robo la apropiación de un vehículo mediante sorpresa o valiéndose de la distracción de la víctima al momento en que ésta ingresa o abandona su domicilio. La pena que propone acá es de 3 años y un día a 5 años.
4.- Establece como robo con intimidación la fractura de vidrios de vehículos para apropiarse de él o de los bienes al interior de éste, siempre que existan personas en su interior. Pena propuesta, de 5 a 10 años.
5.- Sanciona la apropiación de bienes al interior del vehículo mediante la fractura de vidrios como robo con violencia. Pena propuesta, presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años).
