Además el secretario de Estado detalló que hasta la fecha 1.566 personas han sido beneficiadas por la Ley General de Indulto Conmutativo, impulsada en medio de la pandemia de Covid-19 que afecta al país.
La mañana de este viernes, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, participó de la Mesa Social Covid-19 liderada por el Ministerio del Interior. ¿El motivo? Dar a conocer el impacto que ha tenido hasta el momento la pandemia de Covid-19 al interior de las cárceles del país.
En la instancia, el titular de la cartera detalló que actualmente están trabajando en tres líneas de acción: definir una política de traslados, aplicar testeos por brote cuando hay contagios inusuales, y fortalecer los elementos de protección personal para internos y funcionarios.
“Si vamos a hacer algún traslado, porque es lo que recomienda la situación sanitaria, se va a hacer con un protocolo de traslados, que va a ser absolutamente definitivo. Y esto implica que no habrá traslados a otros recintos penales, menos de una región a otra, si no hay un PCR negativo y se cumple con todos los requisitos y exigencias que va a establecer este protocolo que estamos conversando con la mesa técnica de salud”, detalló.
Respecto a los testeos focalizados, indicó que “tenemos solicitados partir con mil PCR, que nos permitirán testear a 4 o 5 mil personas en distintos lugares, en espacios puntuales donde hay brotes inusuales, para detectar casos confirmados y asintomáticos”.
Por otra parte, Larraín también se refirió a las acciones que ya se han ejecutado, entre ellas, la promulgación de la Ley General de Indulto Conmutativo. El secretario de Estado afirmó que hasta el momento, la nueva legislación ha beneficiado a 1.566 personas privadas de libertad.