La ministra de Transportes, Paola Tapia, envió el 2 de junio pasado los contenidos esenciales a la Contraloría, luego de rediseñar el documento que había sido elaborado por su antecesor, Andrés Gómez-Lobo.
Las nuevas bases definirán qué firmas asumirán la operación que hasta ahora realizaban Alsacia-Express, Redbus y STP. Los contratos definen nuevas mallas de recorridos y se cambiará el esquema de pago a los privados (75% de los ingresos se cancelará por el total de kilómetros recorridos). Además, se darán incentivos cuando se cumplan los indicadores de calidad.
La ministra Tapia explicó que “lo que corresponde ahora es que, en base a lo que hemos realizado, se efectúen ajustes de carácter más bien formal. Luego de eso, se reingresarán las bases”.
La secretaria de Estado añadió que “los plazos (de adjudicación) dependen del órgano contralor”. Por eso, admitió que “lo más serio es entregar al siguiente gobierno este proceso lo más avanzado posible”. Tras la eventual aprobación de los documentos, la cartera podría iniciar la convocatoria, aunque no existe una fecha concreta.
¿Qué aspectos cuestionó la Contraloría? La ministra no dio detalles, pero los expertos explican que podría haber dificultades para expropiar los terminales, recintos necesarios para que las compañías puedan dejar y mantener los buses. Las bases establecen que estos lugares son “activos estratégicos” para el sistema y que “serán puestos a disposición de los oferentes” a través de la compra o de la expropiación. En la industria se indica que la cartera se encuentra realizando un estudio de los precios de los terminales, los que serían adquiridos a las empresas Redbus, STP y Alsacia.
Plazos
Diego Puga, consultor de Mobilitas, dijo que “por la magnitud de los recursos involucrados, es mejor que la revisión de este proceso sea profunda. El plazo de la adjudicación depende del tipo de observaciones que se realicen”. Aseguró que el proceso, finalmente, podría ser culminado por el próximo gobierno. Añadió, además, que las condiciones exigidas a los privados para participar en la licitación deberían ser revisadas por la Contraloría. Mencionó el caso de Alsacia-Express, empresa que, eventualmente, podría quedar fuera del proceso, pues no cumple con los parámetros de calidad impuestos.
Juan Carlos González, gerente de la Fundación Transurbano, planteó que “las rectificaciones” a los futuros contratos son procedimientos “regulares” por parte del organismo fiscalizador. Sin embargo, afirmó que durante la discusión sobre los contenidos surgieron dudas sobre “el financiamiento del sistema, pues la ley del transporte público sólo asegura recursos hasta 2022 para el Transantiago”. También aludió a que no hay un análisis de costos que tendrán los futuros contratos. Hoy, el Transantiago contempla un a inversión de $ 988 mil millones al año.