Con este paso, el ambiente político comienza a descomprimirse, y tanto gobierno como oposición deben volver a sentarse a la mesa de acuerdos para abordar de una vez los grandes problemas que arrastra el país.
Probablemente anticipándose a la acusación constitucional que este lunes concretaría el Partido Republicano en su contra, el ahora exministro Giorgio Jackson decidió dar un paso al costado, presentando su renuncia al gabinete. La jugada surtió efecto, pues motivó que republicanos optara por bajar la acusación, la que esta vez, a diferencia de la que el mismo partido había impulsado en contra del exministro a comienzos de enero, parecía contar con posibilidades reales de ser aprobada en la Cámara de Diputados. Esto no solo porque detrás de ella estaba el conjunto de la oposición, sino porque su figura había alcanzado tal nivel de cuestionamiento que incluso para una parte del oficialismo, en particular para el Socialismo Democrático, se hacía muy incómodo salir en su defensa, como lo hicieron explícito varios de sus dirigentes.
Aun cuando hasta ahora Jackson no aparece personalmente involucrado en la supuesta maquinación orquestada para extraer millonarios fondos públicos a través de fundaciones, el hecho de que este escándalo haya tenido como protagonistas a numerosos militantes de Revolución Democrática -partido del que Jackson es su cara más visible, pues fue uno de sus fundadores- erosionó gravemente su imagen, al punto que de acuerdo con Cadem el 56% asocia el caso de Democracia Viva con su figura. El robo aún no aclarado de los computadores desde el ministerio que él presidía solo amplificó este desgaste, y la oposición hizo recaer en él todo el peso de la responsabilidad política, condicionando la negociación de una serie de reformas clave a su salida del gabinete.
La caída de Jackson supone desde luego un duro golpe para el Presidente Boric -no sólo pierde a uno de los principales ideólogos del Frente Amplio, sino a alguien con quien viene compartiendo desde los tiempos en que ambos eran dirigentes estudiantiles-, pero a la vez es un paso que sin duda descomprime fuertemente el ambiente político, obligando a que tanto el gobierno como la oposición finalmente vuelvan a retomar el camino de las conversaciones para impulsar reformas que se requieren urgentemente.
El país lleva casi dos meses sumido en la polémica del “Caso Convenios”, con una agenda totalmente paralizada. Resulta grave en ese sentido que en materia de seguridad la batería de proyectos que estaba abordando el Congreso se haya visto abruptamente interrumpida, y que aspectos como el alza de las pensiones, la reactivación del crecimiento, el término de las listas de espera en salud o la modernización del sistema tributario sigan todavía en suspenso, producto de las disputas políticas.
Jackson justificó su salida señalando que “la oposición ha definido utilizar políticamente mi presencia en el gabinete como una excusa para no responder a las urgencias de las personas y no avanzar en las reformas que Chile necesita”. El exministro no puede pretender victimizarse, pues su salida es en buena medida la consecuencia de su mala relación con el Congreso y con los partidos aliados de su coalición, así como de una serie de errores en su gestión que contribuyeron decisivamente al acelerado desgaste del gobierno. Con todo, sus dichos colocan sobre la mesa un punto importante: dejó de haber una excusa para no retomar el diálogo político. El propio Mandatario lo reconoce: “Acepto la renuncia de Giorgio Jackson como un gesto de generosidad que ayude a mejorar el clima político y avanzar en las reformas”. Son señales que indican que a partir de este desenlace se comienza a generar un nuevo marco para el debate político, algo que no debe ser desaprovechado por ningún sector, porque la ciudadanía sencillamente no lo comprendería.
El gobierno en tal sentido ha hecho bien en flexibilizar algunas de sus reformas más emblemáticas; su propuesta de pacto fiscal deja de lado por ahora un alza de impuestos, constituyendo un buen punto de partida para comenzar a destrabar la inversión y hacer frente a problemas en el ámbito tributario donde hay pleno consenso que deben ser abordados, como la evasión y elusión; en materia de reforma previsional el Ejecutivo también ha dado ciertas señales de flexibilización, lo que es bienvenido, pero todavía quedan dudas de si los sectores más extremos de su coalición están disponibles para allanar los acuerdos.
Chile Vamos y el Partido Republicano, por su parte, han logrado hacer el punto político que habían buscado, pero ahora deben dar señales concretas de cumplir con lo que habían dicho, y volver a sentarse a la mesa de negociaciones. En esto, no deja de resultar llamativo que mientras los republicanos apenas conocida la renuncia de Jackson retiraron la acusación constitucional -haciendo ver que lo que corresponde es avanzar en la agenda de seguridad, transparencia y reactivación económica-, algunos dirigentes de Chile Vamos continuaran con declaraciones destempladas, insistiendo en hacer efectivas todas las responsabilidades políticas y judiciales del caso, cuando en realidad lo que ahora corresponde es abocarse a buscar los acuerdos necesarios para resolver los grandes problemas del país. La UDI, en particular, había sido especialmente dura -23 diputados del partido, a través de una polémica carta pública, habían exigido la salida de Jackson como condición para volver a la mesa de negociaciones-, por lo que ahora se espera que honre su compromiso.
Los llamados al mundo político para que se retomen las negociaciones en ningún caso suponen que el escándalo de las fundaciones pase a un segundo plano. Es indispensable seguir investigando con celeridad todos los alcances y responsabilidades de este caso -que día a día suma nuevas aristas-, pero esto debe quedar ahora en manos de la Fiscalía y las autoridades correspondientes.